El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) ante la Asamblea Nacional (AN), Darío Vivas, aseguró este miércoles que en su condición de vicepresidente de la tolda roja para la región andina, ha constatado cómo ha mejorado la situación en los estados Táchira, Mérida y Trujillo con relación al suministro de gasolina.
Asimismo, el parlamentario destacó que también han comprobado la reducción de los índices de muertes de la violencia criminal. “Esa violencia era traída desde Colombia hacia Venezuela y generaba situaciones de conflictividad, de guerra, de desaparecidos, de fosas comunes”, expresó Vivas tras participar en la sesión que se realizó en la sede del Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ), donde se aprobó el Decreto 1.989 sobre el estado de excepción en Guajira, Mara y Almirante Padilla.
Sobre la posibilidad de que el estado de excepción se extienda a otros municipios del Zulia, dijo que “pudiera ser”; sin embargo, acotó que estas son decisiones que toma el presidente de la República y actualmente, expresó, se están recibiendo propuestas de sectores “trabajadores honestos” tanto de Colombia como de Venezuela en relación a la construcción de una frontera sana.
Subrayó que cualquier decisión que tome el Presidente de ampliar el decreto de excepción contará con su apoyo.
Vivas expresó además que espera que el presidente Juan Manuel Santos se siente a dialogar con el presidente Nicolás Maduro para resolver los problemas que se viven en la frontera.
“No con mentiras, ni con manipulaciones ni con engaños es que se resuelven los problemas, se resuelven asumiendo que hay una situación de conflictividad que se vive en esa frontera producto del propio estado colombiano y de personajes como Álvaro Uribe Vélez que ha sido uno de los que ha patrocinado el paramilitarismo, la parapolítica (…) Y el gobierno del presidente Santos quiere ahora desconocer esa realidad que vive la frontera, que viven los ciudadanos trabajadores colombianos y venezolanos. Al mismo tiempo pretende también, sobre la base de la manipulación, intentar señalar de alguna violación de derechos humanos. Esos más de 60 años de guerra entre hermanos colombianos ha sido una violación permanente de los derechos humanos que ningún gobierno ha querido sentarse a resolver”, declaró.
Por su parte, el diputado oficialista Fernando Soto Rojas, consideró que el Decreto 1.989, tiene la finalidad restablecer una nueva relación política con el gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
“Queda abierta por parte del decreto y de la Asamblea Nacional, la necesidad de llegar a acuerdos con el gobierno de Colombia sobre la fase del respeto a la soberanía, sobre el respeto de la paz y democracia. Venezuela no es ningún país agresor, ni desarrollamos ninguna política de estado de carácter terroristas, las acusaciones que hacen son salivazos hacía el cielo que le van a caer al propio gobierno de Colombia”, expresó.
Beatriz Suárez
Fotos: William Ceballos
Noticia al Día