La sesión se desarrolló en el Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ). Fotos: William Ceballos
La Comisión delegada de la Asamblea Nacional (AN) sesionó este miércoles en el Palacio Legislativo del estado Zulia (CLEZ), la aprobación el Decreto 1989 que contempla estado de excepción en los municipios Mara, Guajira y Almirante Padilla, anunciado el pasado lunes por el presidente de la república, Nicolás Maduro, en el marco de la construcción de una nueva frontera libre de contrabando y grupos paramilitares.
En este debate fue encabezado por el presidente del Parlamento Nacional, Diosdado Cabello, quien estuvo acompañado por los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), el gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas; la presidenta del CLEZ, Magdely Valbuena; el primer vicepresidente de la AN, Elvis Amoroso; la segunda vicepresidenta del parlamento nacional, Tania Díaz, así como diversos actores políticos del oficialismo en la región y autoridades del estado.
Esta asamblea se realizó en cumplimiento al artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece: “El decreto que declare el Estado de Excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional, o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El Decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Presidente o Presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron”.
Además del decreto de Estado de Excepción, Maduro ordenó el cierre de la frontera del Zulia con Colombia en Paraguachón, el despliegue de tres mil efectivos militares para vigilar el paso fronterizo y un plan de atención integral en la Guajira.
“En Táchira los diputados de oposición fueron a la aprobación del decreto, tanto en San Cristóbal como en San Antonio. Estuvieron de acuerdo (…) En el Zulia le pedían al ejecutivo nacional que acabara con el bachaqueo, el contrabando y el sicariato que viene de Colombia”, manifestó Cabello al inicio de la sesión.
Asimismo, indicó que estar en Zulia “es un culto a la lealtad”, como lo hiciera Rafael Urdaneta, hecho que asevera, le genera “gran satisfacción”.
Cabello indicó que el caso fronterizo del estado Zulia es distinto a la situación de estado Táchira; por lo cual hay “un estricto apego y respeto a los Derechos Humanos la Guajira”.
Calificó al expresidente de Colombia Álvaro Uribe como una “mala junta”, quien, según Cabello, ha contribuido a la desestabilización en Venezuela, trasladando a los paramilitares al territorio nacional.
“El gobierno de Santos está apegado a la receta capitalista”, expresó con relación a las políticas gubernamentales del presidente neogranadino, Juan Manuel Santos.
Destacó que la movilización de colombianos “es una invasión silenciosa”, hecho que le está ‘pegando’ al mandatario de Colombia.
Señaló al paramilitarismo como los responsables del asesinado de Liana Herguera, quien fue descuartizada el pasado 7 de agosto en Caracas.
“Si aquí entra es porque de allá sale (…) No basta con cerrar la frontera, sino que hay que aplicar un sistema de reorganización de población”, declaró con respeto al paso de droga devenida desde el vecino país.
Aseveró: “No tenemos nada contra los colombianos, pero sí contra los paracos”, pronunció dirigiéndose directamente a Santos, a quien calificó de “ingenuo” o de pensar que el gobierno venezolano lo sea.
Expresó además que la propuesta del presidente Nicolás Maduro, es establecer una frontera de paz y que “no aceptaremos chantaje de nadie”.
Apoyo a la medida por parte de la bancada oficialista
diputado Esteban Argelio Pérez
El diputado Esteban Argelio Pérez, manifestó durante su intervención que la Asamblea Nacional “tiene un compromiso ineludible”. Asimismo, expresó su apoyo irrevocable a la aprobación del estado de excepción.
“Con estas medidas acabaremos con esa situación delictiva en la frontera (…) Estoy convencido que el Zulia respalda al presidente Nicolás Maduro”, indicó.
Del mismo modo, agregó que los colombianos han sido recibidos y se les han garantizados los servicios básicos en territorio venezolano. “Les hemos abierto los brazos para proteger sus vidas”, señaló.
Hizo un llamado para que todas las medidas que se tomen “sean en benficio de la población (…) Sea de manera rotunda y categórica en paz y tranquilidad para lograr la victoria”.
Por su parte, el parlamentario Sergio Fuenmayor, aseveró que el pueblo de la Guajira “está contento y de fiesta” con el decreto. “Hay que hacer justicia, pues ellos han sido víctimas de todo ese contrabando, han sido los más sacrificados”, dijo.
Destacó la lucha de los alcaldes Chacón y Caldera, así como la del mandatario regional, para combatir el ‘bachaqueo’ de alimentos y combustibles.
Betty Crocker, ratificó el apoyo al decreto, señalando que no puede dejar pasar que el “territorio venezolano debe respetarse”. Agregó que en Venezuela son bienvenidos todos aquellos que vengan “a salvaguardar a la patria, no así los delincuentes”.
En su participación Oswaldo Vera, manifestó que aprobar el decreto sirve para “derrotar el paramilitarismo, que tiene que ver con la guerra económica”. Insistió en que esa “visión de asesinato no es nuestra”.
Expuso que el gobierno neogranadino pretender hacer ver a Venezuela como “el agresor” y que comercializan el combustible procedente del contrabando. “Quieren acusarnos de violar los derechos humanos cuando lo único que hemos hecho es brindarle la mano a los colombianos.
“Garantizaremos que los productos que importamos y producimos vayan a manos de los venezolanos (…) Nos llaman dictadores, entonces, ¿qué han venido a hacer los millones de colombianos a esta dictadura? (…) Ellos están claros se la situación aquí y allá”, declaró.
William Ojeda, en su intervención, dijo que apoyan el decreto “porque es honesto, justo y decidido, además se traduce en bienestar para el pueblo de ambas naciones, Colombia y Venezuela. Lo respaldamos plenamente, y más allá de las maniobras de la burguesía bogotana este pueblo se mantendrá unido”.
El Parlamentario explicó que “no queremos que nuestros niños sean testigos del tráfico de armas, que nuestros adolescentes no sean víctimas de los carteles de las drogas, no queremos que nuestros productores sean víctimas de extorsiones, de cobravacunas (…) Queremos que nuestro pueblo tenga una mejor vida, por tanto el decreto es necesario”.
Ojeda resaltó que un pueblo volcado a la moral “como nosotros no puede permitir que mafias martiricen la vida de los venezolanos”.
Por su parte, Saúl Ortega, expresó que es triste la situación por la que atraviesan los habitantes colombianos, de los cuales dijo que son 5 millones, aproximadamente, los que se encuentran en Venezuela. “Santos se alarma porque más de mil colombianos regresaron a su país pero al parecer desconoce la cantidad de colombianos que aun habitan en Venezuela”.
Agregó “tenemos narcotráfico, un estado paramilitar, extorsión y secuestro, sicariato, contrabando de combustible, eso es oligarquía colombiana”.
Igualmente, destacó “nosotros si estamos interesados en la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano”, por eso hizo un llamado a los colombianos en Venezuela “vénganse con nosotros, la revolución bolivariana”.
Tras ser leídos los todos artículos establecidos en el decreto, el cual que tendrá una duración de 60 días y cuya ejecución queda a a cargo de Arias Cárdenas, los parlamentarios aprobaron por mayoría la media dictada por el mandatario nacional.
Caso RCTV
“Total y absolutamente inadmisible cualquier injerencia de sacro organismos internacionales que están solo al servicio de los intereses imperiales o de cualquier otro país que quiera meterse en los asuntos internos de Venezuela (…) Venezuela es un país libre y soberano que administra el espectro radioeléctrico como lo administra cualquier estado libre y soberano”, sentenció el presidente del Parlamento nacional con relación al fallo a favor de RCTV por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“Eso no tiene valor jurídico, ético ni moral”, agregó.
Fotos: William Ceballos
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